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El sector energético se enfrenta en las próximas décadas a tres grandes transformaciones relacionadas con el cambio climático, la seguridad de suministro y la pobreza energética. Las dos primeras han sido analizadas ampliamente. Sin embargo, la pobreza energética ha pasado más desapercibida a pesar de tener una gran influencia en la vida de millones de personas, especialmente en los países más pobres.
Actualmente, 1.300 millones de personas (el 20% de la población mundial) no tienen acceso a la electricidad y 2.700 millones dependen del uso de la biomasa para cocinar. La pobreza energética tiene implicaciones importantes para la salud, la economía y el medio ambiente. Según la OMS, 1,3 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con la contaminación interior asociada al uso de biomasa en cocinas inadecuadas. Aunque la pobreza energética no puede ser desligada del problema más amplio y complejo de la pobreza, el acceso a infraestructuras energéticas evitaría sus peores consecuencias y ayudaría a fomentar un desarrollo más autónomo. Según la IEA, el coste de universalizar el acceso a la energía para 2030 supondría una inversión anual de 35.000 millones de dólares; una cantidad muy inferior a las subvenciones otorgadas a las energías fósiles y equivalente al 2% de las tarifas eléctricas en los países de la OCDE.