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La Conferencia de Rio en 1992, con su Agenda 21 y la declaración de principios para el desarrollo sostenible, supuso un importantísimo impulso para el tema ambiental en Costa Rica, que unido a procesos ya emergentes en el país, desembocó en la creación de Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 1997. El objetivo último del Programa PSA es velar por la provisión de servicios ambientales del bosque: protección de la biodiversidad, secuestro y almacenamiento de carbono, protección del agua y belleza escénica. Aunque no está dirigido a la disminución de la pobreza, el Programa requiere por Ley buscar la forma de mejorar los modos de vida de pequeños y medianos dueños de bosque. Sin embargo, en la medida que el Programa cumpla con su propósito de proveer los servicios ambientales, los beneficiaries últimos no son solo aquellos que reciben pagos, sino la sociedad costarricense que disfruta de un medio ambiente saludable, y más allá el cumplimiento de responsabilidades del país a nivel mundial de conservar la biodiversidad y mitigar los cambios climáticos.

El éxito desde su inicio a finales de la década de los noventa y a través de la primera década del 2000 ha llevado al Programa a definir una vision de largo plazo, que se materializa en propuestas concretas para carbono, biodiversidad y aguas. Este documento analiza de manera crítica la forma en que el Programa maneja estas múltiples compensaciones recíprocas (tradeoffs) y describe propuestas específicas parapolíticas combinadas (“policy-mixes”) que reúnan información ecológica, económica y sociológica orientada a aumentar la efectividad de PES para alcanzar sus múltiples objetivos.

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