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Los esquemas de pagos por servicios ambientales (psa) pueden ser financiados tanto por el sector público como por el privado, ya sea de modo exclusivo o de cooperación entre ambos. Las ventajas y los inconvenientes de cada opción forman parte de la discusión académica y práctica (Muradian et al., 2013). Los esquemas privados suelen estar negociados y diseñados a escala local, lo cual implica que los usuarios del servicio ambiental pueden sancionar directamente un posible no cumplimiento del contrato (Sattler y Matzdorf, 2013). Por ejemplo, el caso del psa para captura de carbono (Profafor en Ecuador) (Wunder y Albán, 2008), el de calidad química del agua de la compañía Vittel en Francia (Perrot-Maître, 2006) y el esquema para la conservación de la fauna silvestre de Simanjiro en Tanzania (Nelson, 2008) son claros ejemplos de psa privados en los que los usuarios tienen una relación directa con el servicio ambiental y los proveedores.